Comer por delivery: algoritmos mugrientos, explotación laboral

Por arte y magia de la siempre supérstite colonización cultural sufrimos esa manía compulsiva de vandalizar nuestra lengua con siglas y palabrejas del english speaking.

Y como si eso no bastara, cada vez que pedimos una pizza, una orden de sushi o un modesto sánguche de milanesa en el mundo algorítmico de las aplicaciones o App – una práctica de consumo cada vez más habitual entre los denominados mercados juveniles- activamos un dispositivo doblemente maléfico.

Aceptamos ser víctimas de una alimentación contaminada por mugres diversas, como si estuviésemos dispuestos a comer sobre piso mugriento de una pizzería cualquiera, y cómplices pasivos de quienes someten a miles de jóvenes trabajadores a una suerte de neo esclavitud.

¿Existen acaso lo controles de higiene en las cajas que los esforzados ciclistas – son muy pocos los que se desplazan en motocicletas – utilizan para hacernos llegar nuestros pedidos?

Tal cual acaba de escribir el colega Maurizzio Gaddi, director de la revista italiana Gambero Rosso, exhausto por los kilómetros recorridos durante un día interminable, obedeciendo las órdenes frenéticas de su celular y habiendo llegado al final del turno el repartidor que trabaja para la App debería, además, limpiar su caja o mochila…

Ni en Italia ni en general en los países europeos, donde crecen las denuncias contra las prácticas de esas empresas de última generación, las normas sanitarias se cumplen. Pensemos lo que está sucediendo al respecto en nuestros países, en los que los controles por parte del Estado son poco menos que inexistentes.

Es decir, que esas empresas que se expandieron en tiempo de la reciente pandemia de Covid 19, lucran con nuestras posibles infecciones y contaminaciones por no hacerse cargo de lo que debería ser sus obligaciones reales por ley. Y los Estados, como en tantos otros casos de abusos patronales, son también responsables por omisión o peor aún, debido a sus inacciones.

Pero hay mucho más: como lo anticipamos, las condiciones de neo esclavitud en las que laboran cientos y miles de jóvenes, ellos y ellas, sin protecciones legales algunas.

Un informe del American Institute for Food Market de Estados Unidos, recuerda que, a escala internacional: Hay etapas de la cadena de provisión de alimentos donde aparecen debilitados los requisitos que la industria aplicó durante muchos años para producir alimentos inocuos. Esto se corresponde con las recientes tendencias en el modo de vida y las nuevas situaciones de consumo, que nos permiten intuir o predecir nuevas ocasiones –a veces no imaginadas- para la aparición de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA)…Podemos ver que cuando un consumidor pide un “delivery” tiene poco en cuenta a quién se lo va a solicitar; si tiene un buen manejo y entrega; si hay un envase especial que soporte el transporte; si el traslado es adecuado. De hecho el desarrollo de los medios de transporte y del equipamiento para poner alimentos en la mesa del consumidor no ha tenido el desarrollo que tuvo en otros países.

En cuanto a las causas determinantes de ETA asociadas a la entrega domiciliaria de los alimentos, encontramos que en el mercado norteamericano el 70% tienen que ver con peligros microbiológicos, y se asociaron a tres causas fundamentales: inadecuada temperatura de mantenimiento, deficiencia en la higiene de los manipuladores y desconocimiento del riesgo alimentario.

Y respecto de la explotación laboral a la que son sometidos los trabajadores de las App dedicadas a las entregas de comidas a domicilio, en febrero de este año el diario Ámbito Financiero, de Buenos Aires, publicó el siguiente informe sobre las situaciones en Argentina y demás países de la región.

Las plataformas digitales de transporte (PDT) experimentaron un acelerado auge durante la pandemia de la Covid-19 en las principales economías de Latinoamérica y mantienen hoy un crecimiento sostenido, aunque con problemas de precariedad, explotación y leyes laborales insuficientes.

La situación en Argentina

En Argentina, el mercado se reparte entre Pedidos Ya (76 %), parte del cluster International Delivery Hero fundado en Alemania, Rappi (22 %), y otra docena de empresas, que en la actualidad entregan a domicilio el 67% de los productos comprados por canales electrónicos frente al 39 % antes de la pandemia, según un informe de Kantar y la Cámara Argentina de Comercio Electrónico correspondiente al primer semestre de 2022.

“Muchos empresarios del sector gastronómico dicen que lo instalaron en la pandemia» y que ahora “es muy difícil volver atrás porque el canal de ventas lo tienen absorbido estas empresas”, explica a EFE el responsable de Encuadramiento e Inspecciones de la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios, Gonzalo Ottaviano.

Los trabajadores están considerados colaboradores o socios independientes y los repartidores funcionan como una suerte de autónomos: declaran por medio de un régimen llamado “monotributo» y facturan a las empresas por el trabajo desarrollado.

No existe una regulación para estas empresas a nivel estatal y únicamente la ciudad de Buenos Aires incorporó en 2020 al Código de Tránsito y Transporte la figura del “operador de plataforma digital”, que permite a las empresas calificar a los repartidores como autónomos.

Esta figura las obliga a establecer un procedimiento eficaz para solucionar reclamos y proveer seguros de accidentes de trabajo y les prohíbe implementar sistemas de incentivos o sanciones que fomenten los riesgos a la seguridad vial y de enviar notificaciones mientras los repartidores están haciendo la entrega.

Chile, el trabajo de los inmigrantes

En países como Chile, por ejemplo, se han convertido en uno de los mejores trabajos para miles de migrantes irregulares atrapados en el laberinto burocrático que supone intentar lograr una visa estable y un permiso de trabajo.

Situación que permite los abusos por parte de las empresas que han aumentado de forma considerable su volumen de negocio en el marco de un modelo de economía liberal que les favorece, junto la alta penetración de internet.

No existen datos oficiales sobre cuántos «riders» hay, pero no hay más que salir a la calle para ver decenas de motos y bicicletas con mochilas con logotipos de multinacionales del sector como Cornershop, Pedidos Ya, Rappi y Uber Eats.

Según el último informe del Ministerio del Trabajo, el número se acerca a 300.000, de los cuales un 43 % son chilenos y un 57 % extranjeros, mayormente venezolanos (42,5 %), seguidos de colombianos (4,4 %) y peruanos (3,5 %), en su mayoría hombres.

«En Chile no hay datos oficiales sobre cuantos trabajadores hay porque las empresas han sido muy celosas y porque en el negocio hay una alta tasa de informalidad», explica a la agencia española EFE Rodrigo Palomo, de la Universidad de Talca.

La situación laboral de estos «riders», la mayoría trabajadores independientes, se rige por la llamada «Ley Uber» y la Ley 21.431, que modifica el Código del Trabajo y establece normas comunes aplicables a todos los trabajadores, sean asalariados o independientes.

Brasil, tiene la mitad del mercado

En Brasil, que según un estudio de la escuela de negocios Fundación Getúlio Vargas (FGV) supone la mitad del mercado de entregas a domicilio de comida en Latinoamérica, los problemas apuntan a la amenaza de monopolio e igualmente a la precariedad laboral, cuestiones que el gobierno de Lula Da Silva asegura estar dispuesto a combatir.

De acuerdo con FGV, el 80% del mercado está concentrado en la empresa local iFood, que en 2020 ya recibió un serio varapalo del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) -órgano antimonopolio- al vetarle los contratos de exclusividad con restaurantes tras una denuncia de Uber Eats y la colombiana Rappi.

La pelea es por un negocio multimillonario: según la Asociación Brasileña de Bares y Restaurantes (Abrasel) las ventas de comida a domicilio alcanzaron unos 7.000 millones de dólares en 2021, el 20 % de toda la facturación del sector. Un negocio que ofrece empleo, pero empleo precario, a 1,5 millones de personas (denominadas «microemprendedores») según cifras del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA).

«No es posible que en el Brasil del siglo XXI alguien tenga que trabajar más de 14-16 horas para a veces ni ganar un salario mínimo y quedarse entre seis y siete años sin reajuste de tarifas», dijo recientemente el ministro de Trabajo, Luiz Marinho.

En México se instaló la polémica

En México, la polémica en torno a las plataformas de entrega y traslado se ha reavivado este enero, fecha en la que taxistas y repartidores protestaron por la llegada de Uber a Cancún, el principal destino turístico del país.

Y el gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha optado por ponerse de lado al asegurar que es competencia de los estados regular la operación de estas empresas, que en general son observadas como una fuente para aumentar la recaudación tributaria.

Pese a los vacíos legales, México se sitúa entre los diez primeros países del mundo con más ventas en comercio electrónico, y la mitad de la población compra alimentos y bebidas por canales digitales, según la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

Pero su expansión y rápida adopción generó que las autoridades, tanto locales como federales, impusieran mayores tasas, incluso con un régimen fiscal específico para ellas desde el año pasado, con el que recaudan tanto de las empresas como de los repartidores.

Además, las fuertes presiones de los socios que transitan las calles mexicanas para entregar todo tipo de pedidos, impulsó al Gobierno mexicano a crear un programa de afiliación para que puedan acceder a la seguridad social a partir de aportes de 40 pesos (2 dólares).

Colombia es de Rappi

En Colombia, el sector lo lidera la local Rappi, con el 44%, nacida en 2015 como una startup de entrega a domicilio, y que hoy está presente en nueve países y más de 250 ciudades de la región con cerca de tres millones de usuarios.

Le siguen a gran distancia Ifood (9 %) y DiDi Food (3,6 %) todas ellas en crecimiento pero con la precariedad y la explotación como principales lacras.

En años pasados, decenas de «riders» protestaron frente a las oficinas de Rappi -con quema de mochilas incluidas- para exigir mejores condiciones laborales y que la compañía se haga responsable de su salud en caso de sufrir un accidente.

Ante esta situación, el Gobierno colombiano aseguró en enero que avanza en el estudio para regular las más de 700 plataformas digitales existentes con el fin de brindar mejores condiciones laborales para las personas que prestan sus servicios.

«Para regular es necesario establecer un marco que permita tanto la innovación tecnológica como la protección de los derechos laborales de quienes trabajen en estos esquemas para que tengan los mínimos que exige la ley en Colombia», señala a EFE Darío Hidalgo, profesor de Transporte y Logística de la Universidad Javeriana.

«Seguridad social, salud, pensiones, administradora de riesgos laborales mejoraría la situación precaria que tienen los prestadores de este servicio que es muy demandado», concluye.

Así estamos.