El costo humano de comer una fresa (frutilla)

David Bacon

Un interesante texto del colega estadounidense. Analiza el caso de producción en California pero puede leerse con una perspectiva global. Es un artículo del ’24 publicado por el sitio Comestible, a su vez tomado por Antropología de la alimentación.

El trabajo en los campos de fresa en California es extenuante, arduo, incluso doloroso. Los salarios están por debajo de lo legal y las condiciones rayan en la esclavitud. Lo anterior ha dado lugar a varias huelgas y demandas laborales por parte de quienes trabajan cultivando fresas en busca de mejores condiciones.

Cualquiera que conduzca hacia el norte por la carretera 101 de California, a través de la costa central de los Estados Unidos, rumbo al valle de Santa Ynez, atravesará kilómetros de vides que trepan por las suaves colinas. A pesar del esfuerzo humano que requiere ofrecer esta visión bucólica de la agricultura no habrá nadie trabajando. Solo durante unas pocas semanas en otoño es posible ver a los equipos de cosecha llenando las bandejas detrás de los tractores. Incluso en ese momento resulta complicado que haya gente de día, pues en la actualidad la mayor parte de la recolección de uvas se realiza de noche bajo las luces que iluminan las hileras de trabajadores quienes caminan detrás de las máquinas.

Tan pronto como la 101 sale de las colinas, para internarse en Santa Maria Valley, el cultivo cambia abruptamente. Allí, de marzo a octubre, interminables hileras de fresas llenan la llanura del valle. Los caminos de acceso —que no están  asfaltados— dividen el paisaje en dos enormes campos y, junto a ellos, hay docenas de automóviles estacionados entre el polvo. La mayoría son furgonetas y sedanes viejos. Al interior de esta vasta extensión de terreno que llena el campo visual, decenas de personas avanzan por los surcos, cultivando las frutas rojas.

Desde la autopista se puede ver cómo muchos campos permanecen ocultos por enormes lonas plásticas. Los productores afirman que así mantienen alejados a los animales, pero en realidad son un legado de las huelgas de los trabajadores agrícolas de los años 1970. En aquella época, los productores intentaron mantener a las y los trabajadores dentro de los campos, alejados de quienes estaban en huelga, que a su vez les llamaban desde la carretera y les instaban a que dejaran de recoger las fresas y se fueran. Las condiciones abusivas y peligrosas en las que se trabaja en estos campos de cultivo en la actualidad —y el estallido de las protestas por dichas condiciones— hacen que las lonas sean algo más que un símbolo de conflictos pasados.

Recoger fresas es uno de los trabajos más brutales de la agricultura. Por ejemplo, un trabajador que recolecta uvas  puede trabajar de pie. Pero los hombres y mujeres que cosechan fresas de las hileras tienen que ponerse en cuclillas para alcanzar las frutas. Cada surco sembrado de fresas está cubierto por un plástico que asemeja un miniinvernadero de unos treinta centímetros de altura. A medida que maduran, las fresas salen a través de unos agujeros en el plástico y cuelgan por los costados . En la zanja que forma esta hilera, las personas que trabajan en la recolección empujan un carrito de varillas metálicas con ruedas diminutas, mezcla entre triciclo y andadera. Cada uno contiene una caja de cartón con ocho bandejas de plástico, iguales a las que se ven en los estantes de los supermercados.

El dolor de esta labor es constante. Quienes trabajan la fresa dicen que el truco está en aguantar la primera semana, cuando duele tanto la espalda que no se puede ni dormir. Luego el cuerpo se adapta y el dolor —de alguna manera— disminuye. Al principio de la temporada, en marzo, la lluvia llena de agua las hileras y hay que arrastrar el carrito de varillas por entre el lodo. Cuando llega el verano, el campo se convierte en un horno, especialmente a mediodía.

Durante todo ese tiempo, quienes trabajan en la cosecha tienen que recoger lo más rápido posible. «Al principio de la temporada todavía no hay muchas fresas», me dijo Matilde. Llevaba tres semanas recogiendo fresas, su quinto año.

«El lodo hace que el trabajo pesado sea aún más pesado. Es difícil recoger incluso cinco cajas por hora, pero si no puedo hacerlo, o si recojo alguna fresa verde, me llaman la atención. El capataz nos dice que no nos estamos esforzando lo suficiente, que no tienen tiempo para enseñarnos y que si no lo logramos no seguiremos trabajando. Algunos no vuelven al día siguiente y a otros incluso los despiden allí mismo en el campo».

Matilde no quiso usar su apellido porque si la identificaban podría recibir represalias de parte de su jefe, un temor que comparte otra trabajadora, Juana. «No hay mucha gente que pueda hacer este trabajo», me dijo Juana en una entrevista. Ella llegó a Santa María desde Santiago Tilantongo en Oaxaca y habla mixteco —una de las muchas lenguas originarias del sur de México—, además de español, como buena parte de quienes recolectan fresas en el valle de Santa Ynez. Lleva quince años trabajando en la recolección de fresa. «Tengo dolores permanentes en la parte baja de la espalda», dijo, «cuando llueve se vuelve muy duro. Aun así, me levanto todas las mañanas a las cuatro, preparo el almuerzo para mi familia y voy a trabajar. Es un sacrificio, pero es el único trabajo que puedo conseguir».

Salarios bajos, alto costo de vida

El 1 de abril, la Alianza Campesina de la Costa Central (EEUU) organizó un evento programado para ganar notoriedad pública al comienzo de la temporada de fresas. El objetivo era presionar a los productores para que aumentaran los salarios. La Alianza publicó un demoledor informe de cuarenta y cuatro páginas, Harvesting Dignity, The Case for a Living Wage for Farmworkers, que documenta con estadísticas impactantes eso que Mathilde y Juana saben por experiencia personal.

El informe cita el cálculo que hiciera el Instituto Tecnológico de Massachusetts sobre el salario digno en el condado de Santa Bárbara, California uno de los lugares más caros para vivir en los Estados Unidos, el cual debería ser de US$36.53 la hora para dos personas trabajadoras con dos hijos lo que equivale a un total de US$99,278, necesarios para cubrir todos los gastos básicos.

Sin embargo el salario promedio (por hora) durante el año pasado, de las y los trabajadores agrícolas en esa entidad fue de US$17.42, lo que produciría un ingreso anual de US$36,244 para una persona que trabaja recolectando fresas de tiempo completo, los doce meses. Sin embargo hay que tener en cuenta que dicho promedio incluye los salarios más altos de los capataces y de quienes trabajan en la administración. La realidad es que una trabajadora como Juana, después de quince años en el cultivo, gana US$16, el salario mínimo estatal, y Mathilde después de cinco años gana lo mismo.

En realidad, sus ingresos anuales fueron mucho menores, incluso trabajando toda la temporada, porque la temporada de cosecha apenas si duró ocho meses. A menudo es más corta. Al principio de la cosecha no había suficientes fresas para realizar jornadas de ocho horas diarias, por lo que Mathilde apenas completaba seis horas diarias —36 horas a la semana trabajando también los sábados—. A finales de marzo, la semana de Juana era de entre quince y veinte horas laborales.

En el apogeo de la temporada, los salarios suben porque los productores empiezan a pagar un precio a destajo —que el año pasado era normalmente de US$2.20 por cada caja de ocho bandejas tipo clamshell—. Para ganar el equivalente al salario mínimo, un trabajador tendría que recolectar más de siete cajas por hora. Y ganar más que el salario mínimo a destajo significa trabajar como poseído por el diablo, sin tener en cuenta el costo físico que implica esta labor. Al principio de la temporada, «los recolectores campeones pueden hacer ocho o nueve [bandejas] por hora», explica Mathilde, «pero no todo el mundo puede. Seis o siete es lo normal».

El trabajo a tiempo completo con el salario mínimo durante ocho meses implicaría ingresos de US$21,760. De lo que ganan recolectando fresas, Juana y su marido —que trabaja con ella en el campo—, pagan US$2,000 de alquiler al mes, esto es US$24,000 al año. Tres de sus hijos ya son mayores y los otros tres siguen en casa. «Tenemos que ahorrar para pagar el alquiler durante el invierno, cuando no hay trabajo. Si no, no tenemos donde vivir», explica. «Durante esos cinco meses siempre hay facturas que no podemos pagar, como la del agua. En marzo no hay dinero y tenemos que pedir préstamos para sobrevivir». Los préstamos vienen de «amigos» que cobran un 10% de interés. «Además, tengo que enviar dinero a mi mamá y a mi papá en México. Hay mucha gente que depende de mí».

Mathilde, su marido y sus dos hijos comparten un dormitorio en una casa de dos habitaciones. Otra familia integrada por tres personas vive en la otra y juntos pagan US$2,200 de alquiler.

«Afortunadamente, mi marido trabaja en la construcción y gana 20 dólares la hora», dice, «pero los mismos meses en que no hay fresas, la lluvia también le reduce las horas en la construcción. Sería mucho más difícil si no tuviéramos su trabajo».

«Intentamos ahorrar y ahorrar, y buscamos trabajo en invierno, pero a menudo solo tenemos dinero suficiente para la comida. No comemos carne ni pescado,  únicamente alimentos económicos como pasta, arroz y frijoles. E incluso así, a veces tenemos que pedir un préstamo».

Según Harvesting Justice, el alquiler medio en el condado de Santa Bárbara es de US$2,999 al mes. Utilizando la fórmula de cálculo del salario digno del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el informe estima que el costo anual de la alimentación para una familia con dos hijos es de US$12,880, por lo que el ingreso total necesario para todos los gastos básicos de una familia debería ser de US$99,278. Casi el triple de lo que podrían ganar, en promedio, quienes trabajan en la recolección de fresa.Una encuesta de la Universidad de California en Merced y el Departamento de Salud Pública de California descubrieron que una consecuencia del alto costo de la vida comparado con los salarios reales, es que una cuarta parte de la población trabajadora agrícola en California duerme en habitaciones compartidas con tres o más personas.

Esta pobreza afecta a la totalidad de trabajadores agrícolas del estado, y permea todos los aspectos de la vida. Menos de una cuarta parte de la población trabajadora agrícola indocumentada tiene seguro médico, mientras que el informe Harvesting Dignity estima que las personas sin documentos de inmigración representan el 80% de quienes viven en Santa María. Dado que denunciar las malas condiciones y protestar contra ellas es mucho más arriesgado para los trabajadores indocumentados, no tener papeles se convierte en un factor de riesgo laboral.  «En el condado de Santa Bárbara en 2023 hubo dos muertes de trabajadores agrícolas», señala el informe, «ambas relacionadas con una mala supervisión y capacitación. En un caso, los trabajadores agrícolas informaron que se les dijo que continuaran trabajando en un campo de zanahorias de Cuyama junto al cadáver de su compañero de trabajo».

Desde hace tiempo las y los trabajadores de la fresa de Santa María se han enfrentado a este sistema de bajos salarios. En 1997, un grupo de trabajadores mixtecos organizó una huelga de tres días que detuvo la cosecha en todos los ranchos del valle. Más recientemente, quienes trabajan en el Rancho Laguna Farms protestaron por el incumplimiento —por parte del propietario— de las directrices del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) durante la pandemia y obtuvieron un aumento de US$0.20 por caja, al dejar de trabajar. En 2021, cuarenta recolectores de Hill Top Produce utilizaron la misma táctica para aumentar la tarifa por pieza por caja de US$1.80 a US$2.10, a lo que siguió una acción similar por parte de ciento cincuenta recolectores de West Coast Berry Farms. A principios de la siguiente temporada en 2022, el trabajo se detuvo en J&G Berry Farms en otra protesta salarial.

El año pasado, los trabajadores llevaron a cabo una huelga bien organizada en Wish Farms, —una gran productora de frutos rojos con campos en Santa María y Lompoc y con sede en Florida—. En el pico de la temporada, con el propósito de estimular la producción, la empresa prometió un salario de US$6 por hora más US$2.50 por caja, una tarifa que habían pagado el año anterior. Sin embargo, cuando los trabajadores vieron sus cheques, la bonificación por pieza era de un dólar menos. Se reunieron con Fernando Martínez, uno de los organizadores del Proyecto de Organización Comunitaria Indígena Mixteca (MICOP) —que pertenece a la Alianza Campesina—. En paros laborales anteriores, tanto Martínez como la MICOP han ayudado a trabajadores y han aconsejado a los huelguistas de Wish Farms a salir a los campos para invitar a otros trabajadores —del campo— a unirse a la huelga. «Les ayudamos a formar un comité», dice Martínez, «y en una reunión a la orilla del campo votaron para formar una organización permanente, Freseros por la Justicia».

Sin embargo, quienes participaron de la huelga descubrieron que, tras  haberse marchado del plantón, la empresa trajo a uno de los campos un grupo de personas con visa H-2A —visa de trabajadores invitados— con el fin de reemplazarles. El programa H-2A permite a los productores reclutar trabajadores en México y otros países, y llevarlos a trabajar por periodos menores a un año, después del cual tienen que, obligatoriamente, regresar a su país. Casi todos los trabajadores que llegan con este tipo de visado son hombres jóvenes. Aquellos que no pueden trabajar lo suficientemente rápido o que protestan por las condiciones pueden ser despedidos en cualquier momento y enviados de regreso a sus países de origen. Las regulaciones federales establecen un salario para quienes tienen la visa H-2A, que en California el año pasado fue de US$18.65 por hora.

En Estados Unidos, reemplazar a los trabajadores domésticos —así se denomina a quienes viven en territorio estadounidense con o sin papeles—por trabajadores H-2A durante una disputa laboral es considerado una violación de las regulaciones federales. Wish Farms nunca respondió a las solicitudes de comentarios sobre la huelga.

Concepción Chávez, una de las huelguistas, me dijo en una entrevista que «cuando trabajamos por horas, la compañía les pagaba a ellos [los trabajadores H-2A] US$18,65 [por hora] y a nosotros US$16.25. Muchos de los trabajadores que viven aquí sentían que la compañía realmente quería que nos fuéramos. Siempre tenemos miedo de que nos reemplacen, porque dan preferencia a los contratados [trabajadores H-2A]. Eso es lo que dicen los supervisores, que nos reemplazarán y enviarán a los contratados».

Después de dos días de huelga, los manifestantes llegaron a un acuerdo con Wish Farms y volvieron a sus puestos de trabajo. Sin embargo, en septiembre, cuando la producción se redujo por el cambio de estación, Chávez preguntó si la contratarían de nuevo la temporada siguiente. «En la oficina me dijeron que no tenían trabajo porque la compañía no tenía vacantes», recordó. «Pero cuando volví, mi capataz me dijo que la compañía le había dicho que no me diera trabajo. Eso les pasó a otros trabajadores que también participaron en la huelga».

Otro obstáculo para el cambio: la lucha contra los sindicatos

Según Martínez, «hubo muchos paros laborales hasta el año pasado, principalmente para protestar por los bajos salarios. Pero como la empresa comenzó a contratar a consultores antisindicales, tras las huelgas la mayoría de trabajadores no quiere seguir organizándose. Por ejemplo, Wish Farms contrató a Raúl Calvo, quien también ha estado en otras granjas. Hemos escuchado de los trabajadores que los productores les dicen que no participen en reuniones con organizaciones comunitarias como la nuestra. Están tratando de intimidar a la gente, porque tienen miedo de que los trabajadores se organicen».

Calvo tiene una larga historia como consultor antisindical. En la planta de procesamiento de Apio/Curation Foods en Guadalupe, a unas pocas millas de Santa María, Calvo recibió más de dos millones de dólares (en un periodo de ocho años) para convencer a los trabajadores de que no se vincularan con el sindicato United Food and Commercial Workers. Una vez el sindicato fue derrotado en 2015, Curation Foods fue comprada por el gigante agrícola Taylor Farms por 73 millones de dólares.

Tras los enormes incendios forestales de 2017, Calvo apareció en el condado de Sonoma en 2022 para oponerse a las solicitudes de prestaciones en materia de protección para la población trabajadora. North Bay Jobs with Justice —una alianza de grupos sindicales y comunitarios—  estaba proponiendo —para quienes trabajan en labores agrícolas en condiciones peligrosas, como por ejemplo en el humo— que hubiera un pago por riesgo, seguro contra desastres, monitoreo comunitario y capacitación en seguridad en idiomas indígenas como el mixteco. En respuesta, Calvo organizó un comité de trabajadores proempresarial, que testificaron en audiencias en contra de sus compañeros. Una ordenanza —que incluía algunas de las prestaciones solicitadas— fue finalmente aprobada durante ese año (2022) por la Junta de Supervisores del condado. En años recientes, Calvo fue contratado por Wonderful Company para organizar otro comité antisindical para oponerse a los trabajadores de viveros en Wasco, California, que están tratando de unirse a United Farm Workers.

La férrea oposición que se hace desde adentro a los sindicatos así como a cualquier actividad que pueda significar la organización de los trabajadores es una de las razones por las que los salarios de quienes cosechan fresas siguen estando cerca del mínimo legal, según el informe Harvesting Justice. Una de sus autoras, Erica Díaz Cervantes, cree firmemente que el sistema salarial es injusto. «Durante la pandemia, estos trabajadores nos proporcionaron alimentos, aunque como consumidores podemos ignorar ese hecho. Por esta razón, cuando los trabajadores han iniciado las huelgas, se han hecho visibles para los consumidoras y se ha puesto más atención en su situación». Díaz Cervantes es la defensora principal de políticas de la Central Coast Alliance United for a Sustainable Economy (CAUSE), que formó la Alianza con MICOP.

Sin embargo, dichas huelgas no han dado lugar a cambios profundos en la vida de quienes trabajan cosechando fresas. «Hay muchos rompe-sindicatos que desaniman a los trabajadores», dice. «Consiguen pequeñas mejoras y victorias, pero siempre en el pago por pieza, nunca en el salario básico por hora. Y las acciones no se prolongan porque los trabajadores no pueden permitírselo».

Jamshid Damooei, profesor y director del programa de economía de la Universidad Luterana de California y director ejecutivo del Centro de Economía de Asuntos Sociales, fue uno de los principales asesores del informe. «El ánimo de lucro —por parte los empresarios— es en gran medida responsable de los bajos salarios», me dijo. «Si pueden reducir los salarios, los beneficios son mayores para la empresa. La sindicalización puede ayudar a los trabajadores porque la función de un sindicato es darles la capacidad de negociar».

El impacto de los trabajadores H-2A

La capacidad de negociación de los trabajadores se ve socavada por su estatus migratorio, cree Jamshid Damooei: «El 80% de los trabajadores agrícolas en Santa María son indocumentados y sin ellos no hay agricultura. Sin embargo, el salario medio, que en 2019 era de US$26,000 al año para los trabajadores agrícolas nacidos en Estados Unidos y se reducía a la mitad, US$13,000, para los indocumentados».

Aunque la mano de obra sin papeles es barata, los productores de fresas de Santa María utilizan cada vez más el programa H-2A para atraer trabajadores con contratos laborales de México y Centroamérica. Alrededor de dos millones de personas trabajan bajo esta modalidad en los campos estadounidenses. En 2023, el Departamento de Trabajo autorizó a las empresas agrícolas a vincular a 371,619 trabajadores con visa H-2A —aproximadamente una sexta parte de la fuerza laboral agrícola total de Estados Unidos—, lo que supone un aumento de cuatro veces con respecto a las 98,813 personas que en 2012 llegaron con ese vínculo laboral temporal .

Los empresarios proporcionan alimentos y alojamiento a las personas trabajadoras, aunque existe un largo historial de quejas por el hacinamiento, las condiciones deficientes y el aislamiento obligatorio de la comunidad circundante. Como el empleo está limitado a menos de un año, las y los trabajadores deben solicitar a quienes les reclutaron que los repatrien cada año.

El empresariado agroindustrial dice que se enfrentan a una escasez de mano de obra que hace que esta modalidad de vínculo laboral sea necesaria. Según Tom Nassif, presidente y director ejecutivo de Western Growers, «las empresas productoras de todos los sectores de la agricultura estadounidense —especialmente en las industrias de frutas y verduras, que requieren mucha mano de obra— están experimentando una escasez crónica de mano de obra, que se ha visto exacerbada por la reciente aplicación de las leyes de inmigración interna y las políticas de seguridad fronteriza más estrictas».

Ese no es el caso, al menos en Santa María, responde Díaz Cervantes. Ella dice que el censo de 2022 reportó 12,000 personas trabajadoras en el Valle de Santa Ynez. Martínez cree que el número real es el doble y que el 60% son de origen mixteco. «No creo que haya escasez de trabajadores agrícolas aquí», denuncia Díaz. «Sabemos que es mucho más porque muchas personas indocumentadas tienen miedo de ser contadas. Siempre hay personas dispuestas a trabajar y hacer más horas. Es solo una forma de justificar el aumento del programa H-2A. En general, hay muchos trabajadores domésticos en el condado».

Lo que hace que el programa H -2A sea atractivo para los empresarios, dice Damooei, es que «los trabajadores no tienen capacidad para negociar sus contratos laborales. Su entorno de vida y su movilidad están restringidos y, si protestan, se enfrentan a la represión. Eso tiene un impacto en los trabajadores que viven aquí».

Un caso reciente pone de relieve la vulnerabilidad de los trabajadores con visa H-2A. En septiembre 2023, Sierra del Tigre Farms en Santa María, más de cien personas fueron despedidas antes de que terminaran sus contratos de trabajo y se les dijo que regresaran a México. La empresa, además, se negó a pagarles los salarios que les correspondían legalmente. El alter ego de la empresa, Savino Farms, ya había sido multado por la misma infracción cuatro años antes.

A un trabajador, Felipe Ramos, se le debían más de US$2,600. «Fue muy duro», recuerda. «Tengo una esposa y una niña, y sobreviven porque les envío dinero a casa todas las semanas. Todos los demás eran así también. La empresa tenía demasiados trabajadores y problemas para encontrar quién la comprara». En marzo 2024, Sierra del Tigre Farms se declaró en quiebra y sigue debiendo los salarios a los trabajadores. El año pasado, Rancho Nuevo Harvesting, Inc., otra empresa que funge como contratista laboral, fue obligada por el Departamento de Trabajo a pagar un millón de dólares en multas y salarios atrasados ​​a los trabajadores con visa H-2A a los que había engañado en un caso similar.

Según Rick Mines, un estadístico que diseñó la Encuesta Nacional de Trabajadores Agrícolas original para el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, «Hay alrededor de dos millones de trabajadores agrícolas en el país, en su mayoría hombres y mujeres inmigrantes que viven en familias con niños nacidos en Estados Unidos. Están siendo desplazados por una fuerza laboral más barata y dócil de trabajadores solteros varones con visa H-2A. El programa H-2A debería eliminarse gradualmente y reemplazarse con un programa de entrada legal para inmigrantes que puedan traer a sus familias y eventualmente convertirse en ciudadanos estadounidenses iguales. No deberíamos convertirnos en una democracia que es mitad esclava y mitad libre».

Un nuevo camino a seguir

A medida que se desarrolla la temporada de frutos rojos en Santa María, el calor secará el barro. Las fresas madurarán más rápido y serán más numerosas. Será el momento en que las empresas agrícolas sientan más presión para llevarlas de los campos a los estantes de los supermercados. También será el momento del que Juana y Mathilde dependerán —como cada año— para pagar las facturas pasadas y, con suerte, ahorrar para las futuras. Necesitarán el trabajo. La manera en que la Alianza Campesina utilice este momento resulta clave, pues podría tener un gran impacto en los salarios y vidas de muchas personas que trabajan en el campo.

Tal vez haya diferentes maneras de cambiar las cosas», especula Martínez. «Hemos pensado en una ordenanza local como las que hemos visto para otro tipo de trabajadores. Un sindicato también podría aumentar los salarios además de brindar beneficios y vacaciones».

MICOP y CAUSA están organizando pequeñas reuniones en las casas de las y los trabajadores, además de una reunión general cada dos semanas. «En este momento estamos tratando de popularizar la idea de un salario digno y explicar la justicia de esta demanda. La idea es aumentar el conocimiento de los trabajadores. Y como muchos de nosotros somos mixtecos, estamos haciendo que los trabajadores se pongan en contacto y armen redes con otros compañeros de trabajo de las mismas comunidades de origen en Oaxaca».

Díaz añade que las y los trabajadores pueden ver la actividad laboral que se está produciendo en otras partes del país. «Nuestro informe se suma a lo que ya están haciendo los trabajadores. Hagan lo que hagan, les apoyamos».

Mathilde ya ha tomado una decisión. «Es necesario presionar a los empresarios del agro para que valoren nuestro trabajo», dice. «Sin nosotros no tienen nada. Hacemos todo el trabajo, así que ¿por qué deberíamos cobrar dos dólares o dos dólares veinte por caja cuando lo justo son tres o tres dólares con cincuenta? La gente tiene que unirse y necesitamos grandes manifestaciones. Estoy dispuesta a ayudar a organizar esto, porque mejorará mucho la vida. Espero que suceda pronto».

David Bacon es un escritor, fotoperiodista y documentalista californiano. Tras más de veinte años como organizador sindical se ha dedicado a documentar el mundo laboral, conflictos armados, migración, la lucha por los derechos humanos y los efectos de la economía global. A lo largo de su carrera ha publicado varios libros y recibido diversos premios por su trabajo.